Este artículo desarrolla un análisis crítico del texto titulado “Inteligencia Artificial y Justicia Penal: Más allá de los resultados lesivos causados por robots”, de autoría del Dr. Fernando Miró Linares. En su escrito, el autor aborda con profundidad los principales desafíos y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) en el contexto del sistema penal, especialmente a partir de su creciente incorporación en diversas fases del proceso penal, tanto en tareas preventivas como investigativas y decisorias.
A lo largo del análisis se destaca cómo el uso de estas tecnologías ha cobrado cada vez mayor relevancia dentro de los sistemas de justicia penal, impulsado en buena medida por el crecimiento exponencial de la información digital disponible. Esta realidad ha provocado una necesidad urgente de contar con herramientas que permitan procesar, almacenar, analizar y administrar volúmenes masivos de datos, lo que explica la creciente atención hacia el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas como la IA.
En este marco, se abordan de manera ordenada las principales ventajas y riesgos señalados por el autor respecto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito penal, y se culmina con una reflexión personal sobre su utilidad y aplicabilidad en la práctica criminológica.
¿Qué potencialidades/bondades detecta el autor respecto a la introducción de técnicas de inteligencia artificial en la justicia penal?
El autor resalta el importante papel que puede desempeñar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el tratamiento y análisis de la información en el ámbito penal. Tecnologías como el Big Data y el Data Mining permiten procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, correlaciones e incluso realizar inferencias predictivas útiles tanto para la prevención del delito como para su investigación y enjuiciamiento.
Una de las funciones destacadas por Miró Linares es la capacidad de la IA para asistir en tareas de prevención policial. A través del análisis automatizado de información procedente de diversas fuentes (como grabaciones de audio o video, geolocalización, registros de llamadas, historial de búsqueda o aplicaciones móviles), es posible identificar comportamientos anómalos o patrones delictivos que permiten anticiparse a la comisión de delitos. Esto optimiza recursos y mejora la eficacia de las estrategias de seguridad pública.
En el ámbito jurisdiccional, la IA puede facilitar la organización, sistematización y análisis de grandes cantidades de documentos judiciales, lo que contribuye a acelerar la tramitación de causas, mejorar la calidad de las resoluciones judiciales y reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales. También puede apoyar en la valoración de pruebas, comparaciones jurisprudenciales y detección de inconsistencias argumentativas o normativas.
Uno de los principales aportes de la IA al sistema penal es su capacidad para procesar información inabordable por medios exclusivamente humanos, permitiendo decisiones más informadas y, potencialmente, más justas, siempre que se respeten los principios jurídicos fundamentales.
¿Qué peligros/riesgos señala el autor que puede conllevar el uso de la inteligencia artificial en la justicia penal?
El autor advierte una serie de riesgos éticos, jurídicos y técnicos relacionados con la predicción mediante IA, particularmente en lo que respecta a la legitimidad de los criterios empleados y el respeto de los derechos fundamentales. Solo debería utilizarse si los datos empleados son válidos, confiables y relevantes, y si se respetan plenamente los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad.
Otro riesgo es el compromiso de la protección de datos personales. El tratamiento de información sensible debe estar limitado a finalidades legítimas, con garantías estrictas que impidan su uso arbitrario. La vigilancia masiva o el análisis automatizado de datos podría vulnerar el derecho a la intimidad.
Asimismo, la IA puede afectar garantías procesales si se utiliza sin el conocimiento o consentimiento de las partes, lo que atenta contra el derecho de defensa y el debido proceso. En este sentido, es positiva la legislación española que prohíbe decisiones judiciales automatizadas sin notificación previa a las partes.
Por último, existe el riesgo de que los algoritmos reproduzcan sesgos discriminatorios presentes en los datos de entrenamiento, perpetuando desigualdades por etnia, género, edad o nivel socioeconómico. El problema no reside tanto en la tecnología, sino en su diseño, supervisión y uso acrítico.
Reflexión final
La inteligencia artificial representa una herramienta de gran valor para el sistema penal y la criminología. Su implementación ya es una realidad en varios países, lo que demuestra su potencial para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema.
En una sociedad sobrecargada de datos, resulta lógico acudir a soluciones tecnológicas para gestionar la complejidad informativa. La IA puede ayudar a agilizar trámites judiciales, reducir la carga laboral en tribunales y aumentar la confianza en la justicia.
No obstante, su adopción debe hacerse con cautela, respetando principios éticos, jurídicos y científicos. Es imprescindible mantener la supervisión humana y establecer controles rigurosos para que la IA no vulnere derechos fundamentales ni refuerce injusticias. Solo con un enfoque prudente y crítico se podrá aprovechar su potencial sin comprometer las garantías esenciales del Estado de Derecho.
Referencias
Miró Llinares, F. (2018). Inteligencia artificial y justicia penal: Más allá de los resultados lesivos causados por robots. Revista de Derecho Penal y Criminología, (20), 87–130. https://doi.org/10.5944/rdpc.20.2018.23102
